El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) anunció que asumirá la representación del Estado en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), proceso en el que se investiga un déficit millonario originado en su gestión administrativa.
La decisión se enmarca en el mandato
presidencial de que el Estado actúe como parte civil en todos los
casos donde se haya producido un perjuicio
a las finanzas públicas. El ERPP explicó
que su papel será identificar
responsables, reclamar resarcimiento y velar porque el dinero
comprometido regrese a las arcas nacionales.
Fernando P. Henríquez, coordinador general del equipo, acompañado de los
coordinadores Rafael Rivas y Manuel Conde, declaró que "la defensa del patrimonio público no
admite condicionamientos. Allí donde se verifique un perjuicio al Estado,
habrá actuación procesal, sin importar
fecha, período gubernamental o persona involucrada".
Lo que se sabe de
Senasa
El caso Senasa se convirtió en
uno de los más recientes expedientes bajo la lupa de las autoridades tras
revelarse que el déficit de la
institución podría superar los 20,000 millones de pesos, cifra muy
por encima de lo informado en un principio.
La situación provocó la renuncia
de funcionarios y abrió un debate sobre la sostenibilidad del
sistema de seguridad social.
Con la inclusión del ERPP,
el Estado busca reforzar su
estrategia jurídica para garantizar que las responsabilidades
recaigan en quienes administraron los fondos y, de ser posible, recuperar los recursos comprometidos.
Además de Senasa, el equipo intervendrá en el caso del Instituto Nacional de Bienestar
Estudiantil (Inabie), donde se investigan anomalías en contrataciones y
compras.
Estos procesos se suman a los expedientes
en los que ya participa el Estado como querellante: Anti pulpo,
Calamar, Coral, Medusa, Operación 13 (Lotería) e Intrant.
"El trabajo del equipo no son
enunciados, sino actuaciones
concretas en las que el Estado, como víctima, ha actuado para resguardar sus derechos",
indicó el comunicado.
Mandato de largo alcance
El ERPP reiteró que su labor se
mantendrá sin distinción de gobiernos ni períodos. "El compromiso del
Estado no distingue gestiones. En contratos de salud, educación, transporte u
otros sectores, donde se detecten anomalías, el ERPP impulsará acciones legales para que
todo perjuicio comprobado tenga reparación efectiva", subraya el
documento.
