Solicitar al Estado una cifra tan elemental como la cantidad de
motocicletas aseguradas en la República Dominicana para el julio del 2025, no
debería ser un acto extraordinario. Y, sin embargo, lo es. La respuesta
recibida por vía oficial revela una debilidad estructural que arrastramos sin
escándalo: el país no sabe cuántas motocicletas tienen seguro, ni puede
diferenciarlas de otros vehículos en sus registros. Así de frágil es nuestra
capacidad para ejercer control sobre una de las dimensiones más críticas de la
seguridad pública.
No se trata solo de una carencia estadística va más allá. Es una grieta
institucional con consecuencias reales. Porque todo vehículo de motor que
circule por las vías públicas debe cumplir con tres requisitos mínimos:
matrícula, licencia de conducir y seguro de responsabilidad civil. Esta
obligación aplica por igual para un automóvil de lujo o una motocicleta
utilizada para reparto, transporte informal o incluso actividades ilícitas. La
ley no hace excepciones. La aplicación, sí.
Mientras tanto, las motocicletas siguen multiplicándose. Representan más de
la mitad del parque vehicular nacional y están involucradas en una proporción
significativa de accidentes, evasiones, delitos y homicidios. Aun así, el
Estado no puede decirnos cuántas están debidamente aseguradas. No puede
establecer cuántas incumplen la ley. Y peor aún: no puede fiscalizarlas porque
no puede identificarlas. Gobernar en la oscuridad es improvisar.
La Superintendencia de Seguros admite no tener clasificado su padrón por
tipo de vehículo y promete, a futuro, soluciones tecnológicas. Pero no basta
con intenciones. Un país que normaliza la circulación sin reglas, la
informalidad como sistema y la impunidad como consecuencia, no puede darse el
lujo de seguir postergando decisiones. Porque lo que no se mide no se puede
mejorar. Y lo que no se controla, se desborda.
Los datos son el punto de partida. Sin ellos, no hay estrategia, ni
prevención, ni justicia. Las motocicletas seguirán siendo el vehículo preferido
de quienes delinquen y el blanco débil de quienes buscan orden. El Estado,
mientras tanto, observa sin ver y registra sin saber. ¿ De quién es la
responsabilidad de conocer quien, si y quien no tiene un seguro, para que asuma
la responsabilidad?
Que en julio de 2025 la autoridad reguladora del sector asegurador no tenga
cifras claras sobre cuántas motocicletas están aseguradas refleja más que un
retraso técnico: es la evidencia de un Estado que aún no logra gobernar con
datos confiables. Sin esta información, no es posible garantizar justicia para
las víctimas, ni establecer una trazabilidad mínima sobre responsabilidades. El
sistema simplemente no sabe, y por tanto no puede proteger ni prevenir.
En un contexto de inseguridad creciente y presión social por resultados, esta
omisión se convierte en un riesgo político, institucional y ciudadano. La
gobernabilidad exige rigor, interoperabilidad y capacidad de respuesta.
Por Hernani Aquino
